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17 Aug
17Aug

Seguridad, intervención internacional y reconstrucción institucional ante una transición democrática bloqueada.


Seguridad

Actualización: 31-10-2026

Haití no solo enfrenta una guerra contra las pandillas: disputa quién gobierna territorio, controla sus recursos y decide su futuro. Entre violencia criminal, instituciones debilitadas e intervención extranjera, el país encara una pregunta decisiva: ¿puede recuperar su soberanía sin quedar atrapado entre el poder de las armas y la tutela?


Imagen que representará la encrucijada geopolítica de Haití, usando símbolos abstractos de soberanía, Estado, intervención y orden criminal.

Crisis de soberanía efectiva

Haití atraviesa una crisis que no se reduce al enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y pandillas. Lo que está en disputa es la capacidad del Estado para ejercer autoridad, proteger a la población y garantizar el tránsito de personas, alimentos y mercancías. 

En julio de 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que los grupos armados no buscaban controlar territorios; intentaban capturar sistemas de gobernanza y circuitos económicos esenciales, desde corredores de transporte hasta suministros de combustible y redes de distribución alimentaria.¹

Esta transformación permite hablar de gobernanza criminal: una situación en la que organizaciones armadas imponen reglas, hurtan rentas y condicionan actividades que deberían regular las instituciones públicas. Esto no significa que las pandillas constituyan Estados reconocidos ni autoridades legítimas; ejercen un poder coercitivo capaz de desplazar, fragmentar o someter funciones estatales. La UNODC identifica precisamente ese proceso de sustitución parcial de la autoridad pública por redes criminales.¹

Por lo tanto, la encrucijada haitiana plantea una pregunta central: ¿cómo recuperar la soberanía efectiva sin convertir la asistencia internacional en una sustitución prolongada del Estado? Este ensayo sostiene que la respuesta exige articular seguridad, justicia, reconstrucción institucional y legitimidad política. La recuperación militar de un territorio puede ser necesaria, pero no equivale por sí misma a restablecer un orden público duradero.


Línea de tiempo que ilustra los hitos de la crisis haitiana (intervenciones, elecciones, violencia de bandas).

Transición política

La cronología política requiere precisión. Alix Didier Fils-Aimé asumió como primer ministro el 11 de noviembre de 2024. No llegó al cargo en febrero de 2026: esa fecha corresponde a una etapa posterior de reorganización del poder transitorio, tras concluir el mandato del Consejo Presidencial de Transición.² ³

El acompañamiento internacional mantiene una dimensión política diferenciada de la operación de seguridad. Mediante la resolución 2814, adoptada el 29 de enero de 2026, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) hasta el 31 de enero de 2027. Su continuidad refleja que la salida de la crisis requiere asistencia al proceso político e institucional, no únicamente operaciones contra grupos armados.⁴

Sin embargo, el horizonte electoral se ha deteriorado. El 19 de octubre, Naciones Unidas informó que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre habían sido aplazadas indefinidamente. Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016. Aunque continuaban algunos preparativos, al 5 de octubre se habían inscrito 759,257 potenciales votantes de un electorado estimado en 6.5 millones de personas. La inseguridad y el desplazamiento masivo dificultan tanto el registro como la organización de la jornada electoral.⁵

El problema no consiste únicamente en fijar otra fecha. Un calendario sin condiciones operativas puede debilitar aún más la confianza pública. Pero una transición sin horizonte verificable también prolonga el déficit de legitimidad. La tarea política consiste en evitar ambos extremos: elecciones meramente formales bajo coacción territorial y una transición indefinida que erosione aún más la legitimidad institucional.


Los registros para comprender la crisis

La gravedad de la violencia exige rigor estadístico. El 2 de octubre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que su oficina había documentado al menos 5,700 personas muertas o heridas entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2026, por acciones de las pandillas o durante operaciones contra ellas. No se trata de 5,700 fallecimientos, sino de una categoría conjunta de víctimas mortales y personas lesionadas.⁶

Un balance posterior, divulgado por Naciones Unidas el 19 de octubre, registró 1,123 personas muertas y 440 heridas entre julio y comienzos de octubre. Estos datos no deben sumarse al balance anterior: sus períodos se superponen. Su utilidad consiste en mostrar la persistencia de la violencia durante los meses más recientes, no en construir un acumulado artificial.⁵

La expansión territorial tampoco puede describirse únicamente mediante un porcentaje del control de Puerto Príncipe. Las evaluaciones recientes señalan una adaptación de las pandillas a la presión militar: represalias contra civiles, toma de rehenes y desplazamiento de operaciones hacia localidades rurales. Naciones Unidas documentó ataques contra tierras de cultivo, viviendas e infraestructura pública, así como la extensión de la violencia hacia zonas que antes estaban menos afectadas.⁵

Esa dinámica conecta la seguridad urbana con la estabilidad del conjunto del país. Si los grupos armados controlan las rutas entre centros de producción, mercados y puertos, su poder no depende exclusivamente de ocupar barrios: también pueden condicionar el abastecimiento y la actividad económica mediante la interrupción de los flujos que sostienen a la población.¹


Mapa geopolítico comparativo de Haití. Muestra los actores y zonas de influencia que configuran la disputa por la soberanía haitiana.

Protección civil

La responsabilidad de las pandillas no elimina la obligación de examinar la actuación de las fuerzas que las combaten. Según la actualización presentada por Türk, más de la mitad de las personas muertas o heridas desde comienzos de 2026 resultaron afectadas en el contexto de operaciones de seguridad. También expresó preocupación por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, los daños ocasionados por balas perdidas y drones explosivos, y la persistencia de ejecuciones sumarias de personas presuntamente vinculadas con pandillas.⁶

El balance divulgado el 19 de octubre ofrece otro corte temporal: desde comienzos de julio, las operaciones de seguridad representaban el 52% de las personas muertas o heridas, equivalente a 808 víctimas, entre ellas 148 que no estaban asociadas con pandillas. Estas cifras no permiten atribuir automáticamente ilegalidad a cada operación, pero sí obligan a fortalecer la supervisión, la investigación y la protección de civiles.⁵

La violencia sexual constituye otra dimensión central. Para el período comprendido entre enero y el 11 de septiembre, el alto comisionado informó de más de 1,000 mujeres y niñas violadas por pandillas, y advirtió que las cifras reales probablemente eran superiores. Por su parte, la actualización de octubre recogió 689 mujeres y niñas presuntamente violadas por integrantes de pandillas durante julio y agosto. Ambos registros tampoco deben sumarse, porque se superponen.⁵ ⁶

El desafío es recuperar autoridad sin reproducir arbitrariedad. Una política de seguridad que desproteja a la población puede obtener resultados tácticos y, al mismo tiempo, erosionar la legitimidad del Estado que pretende reconstruir.


Desplazamiento, hambre e infancia

En octubre, Naciones Unidas situó el desplazamiento forzado en cerca de 1.5 millones de personas, entre ellas más de 740,000 niños. El desarraigo no solo implica la pérdida de una vivienda: también dificulta el acceso a escuelas, servicios sanitarios, medios de subsistencia y procedimientos electorales.⁵

El alto comisionado señaló, además, que más de la mitad de la población enfrentaba inseguridad alimentaria aguda y que el 40% carecía de acceso a atención sanitaria básica. Estos indicadores muestran que la emergencia de seguridad y el deterioro social forman parte de una misma crisis de protección.⁶

La situación infantil resulta especialmente grave. Según la estimación presentada por Türk, entre el 30% y el 50% de los integrantes de las pandillas son menores de edad. Esa proporción debe entenderse como un intervalo estimado, no como un censo ni como prueba de que todos ingresaron mediante un mecanismo idéntico. El reclutamiento y la utilización de niños se desarrollan en un entorno de coacción, explotación, pobreza y ausencia de alternativas.⁶

Por ello, la protección de la infancia no puede quedar subordinada a una fase posterior a las operaciones militares. Separar a los menores de los grupos armados, ofrecerles protección y restablecer sus oportunidades educativas constituye una condición para interrumpir la reproducción del poder criminal. La resolución que renovó el mandato de la fuerza internacional subraya precisamente la necesidad de reintegración, apoyo psicosocial y educación para los niños anteriormente asociados con pandillas.⁷


Intervención internacional

La Fuerza de Represión de las Bandas —GSF, por sus siglas en inglés— continúa siendo una pieza central de la respuesta internacional, pero su despliegue sigue por debajo de la capacidad prevista. Según Naciones Unidas, al 12 de octubre contaba con 1,563 integrantes uniformados. Por tanto, no resulta sostenible presentar octubre como una fecha ya cumplida de plena capacidad operativa.⁵

Conviene distinguir las categorías del contingente autorizado: el diseño de la fuerza contempla hasta 5,500 efectivos militares y 50 civiles. La cifra conjunta de 5,550 no debe interpretarse como si correspondiera exclusivamente a combatientes o personal uniformado.⁸

El 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2829, que prorrogó el mandato de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027. La decisión recibió 12 votos favorables y tres abstenciones —China, Pakistán y Rusia—. El Consejo también solicitó mantener el apoyo logístico y operativo mediante la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) y reiteró la obligación de cumplir el derecho internacional aplicable, incluido el de los derechos humanos.⁷

La fuerza operativa, la oficina de apoyo logístico y la misión política cumplen funciones diferentes. Confundirlas oscurece las responsabilidades y dificulta evaluar qué resultados corresponden a cada componente de la presencia internacional.⁴ ⁷

La asistencia externa puede ampliar la capacidad de actuación del Estado haitiano; también puede generar dependencia si sus avances no se traducen en instituciones nacionales sostenibles. La cuestión decisiva no es únicamente cuánto tiempo permanece una fuerza extranjera, sino qué capacidades deja, bajo qué controles opera y cómo contribuye a restituir la autoridad pública haitiana.


Economía criminal

La violencia tiene una infraestructura económica. La UNODC describe una competencia por corredores de transporte, combustibles, distribución de alimentos y mercados ilícitos. También advierte que los grupos armados diversifican sus ingresos y, en algunas zonas, se presentan como supuestos protectores comunitarios, confundiendo coerción, protección y autoridad.¹

El informe Undoing Haiti’s Deadly Gang Alliance, de International Crisis Group, analiza la consolidación de Viv Ansanm y sostiene que una superioridad militar sobre las pandillas no bastaría si permanecen intactos sus mecanismos de reclutamiento y sus vínculos con actores de poder. Desarmar a los grupos y exigir responsabilidades a quienes los apoyan son condiciones para evitar que una reducción temporal de la violencia se convierta en una simple pausa.⁸

La dimensión transnacional requiere igualmente precisión. La evidencia consultada documenta la entrada de armas ilícitas —incluido armamento de grado militar— a Haití desde el exterior y el uso del país como plataforma de almacenamiento y logística para cocaína y otras drogas que circulan por rutas caribeñas. No son flujos equivalentes: en un caso se trata del abastecimiento de armas hacia Haití; en el otro, de su utilización como punto de tránsito dentro de mercados regionales.¹

De ello se desprende una consecuencia geopolítica: el problema no puede resolverse exclusivamente dentro del territorio haitiano. Recuperar controles aduaneros, fortalecer investigaciones financieras y perseguir redes de tráfico exige cooperación con los países de origen, tránsito y destino. La soberanía haitiana necesita instituciones propias, pero también una respuesta regional que impida a actores externos seguir alimentando su debilitamiento.¹


Condiciones para una salida sostenible

La trayectoria reciente sugiere cuatro prioridades que deben avanzar de manera simultánea.

Primero, recuperar y mantener la presencia pública en los territorios. Desalojar una posición criminal no equivale a restablecer el Estado si después no llegan policía, justicia, servicios y mecanismos de protección. La representación de Naciones Unidas en Haití ha advertido que las operaciones de seguridad, por sí solas, no producen estabilización duradera.⁵

Segundo, desarticular las economías que financian a las pandillas. La captura de dirigentes puede alterar una organización, pero no elimina necesariamente el mercado ilegal que la sostiene. La UNODC plantea fortalecer investigaciones financieras, combatir la corrupción y cortar ingresos ilícitos como componentes de la respuesta.¹

Tercero, reconstruir una ruta electoral creíble. El aplazamiento indefinido no debe sustituirse por otra fecha sin sustento operativo. La protección de electores, el acceso al registro y la posibilidad de competir sin coacción territorial son condiciones para que la votación produzca legitimidad y no únicamente una nueva formalidad institucional.⁵

Cuarto, someter la asistencia internacional y las operaciones nacionales a controles efectivos. La protección de  civiles, investigación de abusos y rendición de cuentas no son obstáculos para la seguridad: forman parte de la diferencia entre restaurar autoridad legítima y extender otra forma de dominación.⁶ ⁷


Soberanía jurídica y capacidad efectiva

La crisis haitiana revela una fractura entre soberanía jurídica y capacidad efectiva de gobierno. El país conserva su condición de Estado soberano, pero amplios sectores de su población viven bajo poderes que regulan mediante violencia el acceso a movilidad, alimentos, trabajo y protección. La expansión criminal amenaza, por ello, tanto a las instituciones como a las condiciones materiales de la ciudadanía.¹ ⁶

Hablar de un posible "protectorado de facto" debe entenderse como una advertencia analítica, no como una condición jurídica ya establecida. El riesgo aparece cuando la asistencia externa se prolonga sin transferir capacidades, mientras las autoridades nacionales no recuperan legitimidad ni control efectivo.

La alternativa no consiste en elegir entre el abandono internacional y la tutela indefinida. Consiste en construir una cooperación que proteja a la población, que debilite las redes criminales y amplíe la capacidad haitiana de gobernarse. El criterio para juzgar esa cooperación no será únicamente el número de operaciones realizadas o de posiciones recuperadas, sino la posibilidad de que las personas vuelvan a desplazarse, trabajar, estudiar y elegir a sus autoridades sin someterse al poder de las armas.


Análisis completo:

0. El epicentro de una crisis que trasciende fronteras.

1. Haití: soberanía en disputa, feudalismo criminal y encrucijada geopolítica.

2. Haití: crisis y equilibrio estratégico en una isla compartida.

Lecturas recomendadas:

El Canal de Panamá en la encrucijada: geopolítica, soberanía y el factor Trump

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