La competencia por la inteligencia artificial y los semiconductores se ha convertido en una dimensión central de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Abarca el diseño de procesadores, la fabricación de equipos, el acceso a minerales y materiales especializados, la capacidad de cómputo, los modelos de IA y las reglas que determinan quién puede desarrollar, vender o utilizar esas tecnologías.
Actualización: 11-11-2026
La disputa tiene consecuencias económicas y militares. Los semiconductores avanzados permiten entrenar y ejecutar modelos de IA, procesar grandes volúmenes de información, operar sistemas de vigilancia y mejorar capacidades de mando, comunicaciones y defensa. A la vez, la producción depende de cadenas de suministro distribuidas entre numerosos países y de instalaciones industriales difíciles de sustituir en el corto plazo.
El poder tecnológico, por tanto, se encuentra repartido entre distintos eslabones: empresas que diseñan chips, fabricantes por contrato, proveedores de litografía, productores de memorias, especialistas en empaquetado, operadores de centros de datos y Estados que controlan exportaciones, inversiones y estándares.
La ventaja de un país depende de su posición en esa red y de su capacidad para conservar el acceso a los componentes que no produce.
La Unión Europea ha construido un marco regulatorio basado en categorías de riesgo, obligaciones de transparencia y restricciones a determinados usos.
La Ley de Inteligencia Artificial entró en vigor en agosto de 2024 y su aplicación se ha desplegado por etapas: las prohibiciones de ciertas prácticas y las obligaciones de alfabetización comenzaron en febrero de 2025; las obligaciones para modelos de IA de propósito general, en agosto de 2025; y la mayoría de las disposiciones restantes, en agosto de 2026. Tras el acuerdo legislativo de simplificación de 2026, las reglas para sistemas de alto riesgo del anexo III se aplicarán desde el 2 de diciembre de 2027, mientras que las relativas a sistemas incorporados en productos regulados del anexo I lo harán desde el 2 de agosto de 2028.
La regulación europea no equivale a una prohibición general de la vigilancia biométrica. La ley prohíbe determinadas prácticas, entre ellas ciertos usos de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con excepciones limitadas para las autoridades. También establece obligaciones diferenciadas según el riesgo y requisitos de transparencia para usos específicos. Esta precisión importa:
El alcance real de la norma depende de la categoría del sistema, el contexto de utilización y las excepciones previstas.
El objetivo estratégico europeo consiste en fijar reglas para el mercado común y convertirlas en referencia para proveedores internacionales que desean operar en él. La llamada influencia regulatoria europea puede generar efectos extraterritoriales de hecho, aunque su capacidad para competir con Estados Unidos y China también depende de contar con empresas, infraestructura de cómputo, inversión y capacidad industrial propias.
La administración Trump ha adoptado una orientación distinta. Su Plan de Acción de IA de julio de 2025 priorizó la aceleración de la innovación privada, la construcción de centros de datos y capacidad energética, la exportación de tecnología estadounidense y la reducción de obstáculos regulatorios federales. La Casa Blanca también impulsó una política para limitar la fragmentación derivada de regulaciones estatales. El enfoque combina desregulación interna, apoyo a la expansión de la infraestructura y una política exterior destinada a extender el ecosistema tecnológico estadounidense.
En China, la política industrial combina inversión estatal, apoyo a empresas nacionales, planificación de objetivos tecnológicos y controles sobre sectores considerados estratégicos. Un plan gubernamental publicado en enero de 2026 fijó como objetivo alcanzar para 2027 un suministro seguro y fiable de tecnologías centrales de IA, e incluyó la coordinación entre chips, software, modelos y aplicaciones industriales.
La autosuficiencia es una meta explícita, aunque no implica que China haya eliminado sus dependencias de equipos, materiales y tecnologías extranjeras.
El caso Manus muestra cómo Pekín aplica ese criterio a la circulación internacional de activos tecnológicos. En abril de 2026, las autoridades chinas ordenaron que se deshiciera la adquisición de la empresa de IAManus por Meta, operación valorada en más de 2,000 millones de dólares. La decisión se adoptó mediante el mecanismo de revisión de seguridad de inversiones extranjeras. El episodio refleja la voluntad del Estado chino de conservar capacidad de control sobre empresas, talento y propiedad intelectual vinculados atecnologías consideradas estratégicas.
Los controles estadounidenses sobre semiconductores avanzados forman parte de una política de seguridad nacional que busca limitar el acceso chino a procesadores de alto rendimiento, equipos de fabricación y conocimientos técnicos sensibles.
Sin embargo, conviene distinguir instrumentos diferentes. Los controles de exportación administrados por el Departamento de Comercio restringen transferencias de determinados bienes y tecnologías; la Sección 301 permite responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para el comercio estadounidense.
No son una sola medida ni persiguen necesariamente el mismo objetivo inmediato. En diciembre de 2024, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación bajo la Sección 301 sobre las políticas chinas dirigidas a dominar la industria de semiconductores. En diciembre de 2025 concluyó que esas prácticas eran susceptibles de acción y estableció un arancel inicial de cero por ciento para los semiconductores chinos, con un aumento previsto para el 23 de junio de 2027.
La tasa que se aplicará debe anunciarse al menos 30 días antes. Por ello, a noviembre de 2026 no corresponde describir esa medida como un arancel adicional ya plenamente aplicado. En enero de 2026, el Departamento de Comercio modificó la política de revisión de licencias para exportar a China determinados chips avanzados, incluidos Nvidia H200 y AMD MI325X. En vez de una presunción general de denegación, las solicitudes pasaron a examinarse caso por caso y bajo condiciones específicas: suficiencia de suministro para clientes estadounidenses, procedimientos de cumplimiento del comprador y pruebas independientes de rendimiento y seguridad, entre otras.
La modificación muestra que la política estadounidense combina restricciones con autorizaciones condicionadas cuando considera que sus intereses industriales y de seguridad lo permiten. La aplicación de los controles sigue siendo difícil. Una investigación de Reuters publicada el 11 de noviembrede 2026 informó que una universidad china incluida en la lista estadounidense de entidades restringidas había adquirido dos chips Nvidia H200 mediante un proveedor nacional en octubre y también había alquilado capacidad de cómputo que incluía procesadores restringidos.
La investigación identificó registros de otras instituciones chinas que habían comprado o alquilado acceso a chips estadounidenses. Estos datos evidencian problemas de trazabilidad y fiscalización, aunque no permiten concluir que todos los casos hayan seguido la misma ruta ni que todos los equipos hayan sido exportados directamente desde Estados Unidos.
Las restricciones también han reforzado el incentivo chino para desarrollar equipos propios. En julio de 2026, Reuters informó, citando fuentes conocedoras del sector y reportes de The Information, que China había comenzado a fabricar máquinas nacionales de litografía DUV de inmersión. La producción inicial sería limitada y los equipos todavía tendrían desventajas de rendimiento y fiabilidad frente a las máquinas de ASML.
El desarrollo constituye un avance en la sustitución de importaciones, pero no demuestra que China haya alcanzado la capacidad de producir comercialmente equipos EUV competitivos.
Los sistemas EUV nacionales permanecían en fase de prototipo según esa información. La conclusión es que los controles pueden ralentizar el acceso a determinadas tecnologías, elevar costes y limitar capacidades; también pueden acelerar inversiones sustitutivas y fomentar circuitos paralelos de suministro. Su eficacia debe medirse por segmentos: diseño, fabricación, litografía, memorias, empaquetado, software industrial y mantenimiento. La expresión "bloqueo tecnológico" puede ocultar diferencias importantes entre esos ámbitos.
Taiwán ocupa una posición central en la cadena mundial de semiconductores. El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos estimó en marzo de 2025 que alrededor del 90% de la producción mundial de chips avanzados se concentraba en la isla y estaba asociada principalmente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
La cifra debe entenderse como una estimación referida a la producción avanzada y no a todos los semiconductores fabricados en el mundo. La importancia de TSMC se explica por su capacidad de fabricar a gran escala diseños de clientes que no poseen fábricas propias. Su informe anual de 2025 señala que la tecnología de 3 nanómetros representó el 24% de sus ingresos por obleas y que la producción de alto volumen de su proceso de 2 nanómetros comenzó en el cuarto trimestre de ese año.
Esos datos ilustran la distancia entre anunciar un proceso tecnológico y convertirlo en producción industrial con rendimiento, volumen y calidad consistentes.
La concentración en Taiwán genera una vulnerabilidad sistémica. Un bloqueo marítimo, un conflicto armado, un terremoto, una interrupción eléctrica prolongada o una crisis logística podrían afectar a fabricantes de procesadores, centros de datos, automóviles, telecomunicaciones y equipos militares. La posibilidad de una interrupción no equivale a una predicción de guerra; describe el riesgo que surge cuando una función industrial crítica depende de un espacio geográfico expuesto a tensiones estratégicas.
Estados Unidos, Japón y Europa han promovido inversiones para diversificar la fabricación. Sin embargo, construir una fábrica avanzada requiere años, capital, personal especializado, proveedores de materiales, agua, energía, clientes y conocimiento de proceso. La capacidad instalada fuera de Taiwán puede reducir la concentración, pero no elimina de inmediato la dependencia del ecosistema taiwanés ni reproduce automáticamente sus niveles de rendimiento y escala.
La competencia por los semiconductores suele centrarse en el tamaño de los transistores, pero la capacidad de producir sistemas de IA depende de más elementos. Las unidades de procesamiento necesitan memoria de alto ancho de banda (HBM), interconexiones de gran velocidad y técnicas de empaquetado que integren varios componentes en un mismo conjunto. El rendimiento final depende de la coordinación entre procesador, memoria, sustrato, interconexiones, refrigeración y consumo energético.
El empaquetado avanzado se ha convertido en un cuello de botella. Reuters informó el 6 de noviembre de 2026 que el crecimiento de la infraestructura de IA estaba impulsando inversiones multimillonarias en esta etapa industrial. TSMC mantiene una posición dominante con su tecnología CoWoS, mientras Nvidia, AMD yotros actores buscan ampliar la capacidad disponible y diversificar proveedores.
El informe también describió iniciativas de empaquetado a nivel de panel que todavía requieren desarrollo y ampliación industrial. Esta evolución modifica el mapa de dependencias.
Un país puede disponer de diseños competitivos y acceso a obleas, pero enfrentar retrasos si no consigue memorias HBM, sustratos especializados o capacidad de empaquetado.
El cuello de botella puede desplazarse de una etapa a otra conforme aumenta la demanda y se amplía la producción. Por eso, la autonomía tecnológica requiere evaluar la cadena completa y no únicamente la fabricación del chip lógico.
La infraestructura de IA requiere grandes centros de datos, redes, sistemas de refrigeración, transformadores, equipos eléctricos y suministro continuo de energía. La disponibilidad de electricidad se está convirtiendo en una variable estratégica para la ubicación de nuevas instalaciones. Los países que atraen centros de datos necesitan resolver simultáneamente permisos, conexión a la red, generación, almacenamiento, agua y disponibilidad de componentes.
La Agencia Internacional de Energía estimó que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría aumentar de aproximadamente 485 teravatios-hora en 2025 a 950 teravatios-hora en 2030. Se trata de una proyección, no de un dato observado para 2030; depende del ritmo de inversión, de la eficiencia de los equipos y de la expansión de las aplicaciones de IA. La agencia también identifica cuellos de botella en redes eléctricas y equipos como transformadores.
La energía introduce una dimensión adicional en la competencia. La capacidad de entrenar modelos y prestar servicios de IA a escala no depende solo de adquirir aceleradores. También requiere energía a precios competitivos, infraestructura de transmisión, permisos, refrigeración y capital.
En consecuencia, la geopolítica de la IA está vinculada a la política energética y a la capacidad de construir infraestructura física con rapidez.
El conflicto entre Anthropic y el Departamento de Defensa estadounidense se convirtió en un caso concreto sobre los límites que una empresa puede imponer al uso militar de sus modelos. La controversia se centró en las salvaguardas que Anthropic quería mantener frente a la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y al uso de sistemas de IA en armas completamente autónomas.
El Pentágono sostenía que necesitaba flexibilidad operativa para utilizar la tecnología conforme a la legislación y a sus requerimientos de defensa. El 27 de febrero de 2026, el presidente Trump ordenó a las agencias federales cesar el uso de la tecnología de Anthropic.
A comienzos de marzo, el Departamento de Defensa comunicó que designaría a la compañía como riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional, una medida que también afectaba a contratistas que trabajaran en proyectos de defensa. Anthropic anunció que impugnaría la decisión; en marzo presentó acciones judiciales para cuestionarla.
La disputa abrió un debate sobre la autoridad del Estado para imponer condiciones de uso, la libertad contractual de los proveedores y el alcance de las medidas de seguridad nacional. El caso exige distinguir entre herramientas que apoyan decisiones humanas y sistemas de armas autónomas.
Un modelo que resume inteligencia, identifica patrones o recomienda cursos de acción no es por ese solo hecho un arma autónoma.
Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, un sistema de armas autónomas es aquel que, una vez activado, puede seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana adicional. La autonomía en navegación o en otras funciones no equivale necesariamente a autonomía en la selección y aplicación de la fuerza.
El derecho internacional humanitario sigue siendo aplicable al empleo de estas armas. Las obligaciones de distinguir entre objetivos militares y civiles, evaluar la proporcionalidad y adoptar precauciones recaen en laspersonas y autoridades responsables de planificar y ejecutar ataques. La dificultad consiste en determinar silos operadores pueden comprender, anticipar y limitar los efectos de sistemas que procesan información cambiante a gran velocidad.
La opacidad, los errores de identificación, la dependencia de datos incompletos y la posibilidad de escalada reducen el margen de control humano. La responsabilidad no puede atribuirse de manera automática al algoritmo. Debe examinarse la cadena dedecisiones: quién diseñó y probó el sistema, quién definió sus parámetros, quién autorizó su despliegue, qué información recibió el operador y qué mecanismos existían para supervisar o detener su funcionamiento.
La distribución de responsabilidades entre fabricante, integrador, mando militar y usuario constituye uno de los problemas jurídicos y políticos centrales de la militarización de la IA.
La controversia también revela una tensión institucional. Las empresas privadas controlan modelos, datos, talento e infraestructura que los gobiernos consideran útiles para la defensa. Los Estados, a su vez, disponen de poderes de contratación, regulación y seguridad nacional. Cuando las condiciones de uso impuestas poruna empresa chocan con las exigencias de una institución militar, la disputa deja de ser exclusivamente comercial y se convierte en un conflicto sobre quién fija los límites de una tecnología estratégica.
La inteligencia artificial ya se integra en tareas de análisis de imágenes, vigilancia, mantenimiento predictivo, logística, ciberdefensa, guerra electrónica y apoyo a la toma de decisiones. Los semiconductores avanzados permiten procesar información de sensores, comunicaciones y plataformas no tripuladas. La ventaja militar depende de la combinación entre hardware, software, datos, conectividad, entrenamiento del personal y procedimientos de mando.
El uso militar de IA no produce por sí mismo superioridad.
Los sistemas pueden fallar por datos deficientes, interferencias, engaño adversario, vulnerabilidades cibernéticas o pérdida de conectividad. También pueden acelerar ciclos de decisión y reducir el tiempo disponible para verificar información. En entornos de conflicto, esa velocidad puede ofrecer ventajas tácticas y, al mismo tiempo, elevar el riesgo de errores y escaladas.
La proliferación de drones y sistemas semiautónomos muestra que la innovación militar no está reservada a las grandes potencias.
Componentes comerciales, software accesible y cadenas de suministro globales permiten que actores con recursos limitados desarrollen capacidades relevantes. La ventaja estratégica, po rtanto, depende tanto del acceso a tecnología avanzada como de la capacidad para integrarla, adaptarla, protegerla y sostenerla en operaciones.
En noviembre de 2026, el Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene su llamado a negociar límites internacionales para los sistemas de armas autónomas. Su posición propone prohibir los sistemas cuyos efectos sean impredecibles y aquellos diseñados para atacar directamente a personas, además de establecer restricciones estrictas para otros sistemas. Esta es una propuesta normativa del CICR, no una prohibición universal ya acordada por los Estados.
La competencia por el silicio y la inteligencia artificial se desarrolla en una red industrial y política interdependiente. Estados Unidos conserva ventajas en diseño de chips, software, capital y empresas de IA; Taiwán ocupa una posición decisiva en la fabricación avanzada; Países Bajos mantiene una función crítica enlitografía; Corea del Sur destaca en memorias; y China combina escala industrial, inversión estatal y esfuerzosde sustitución tecnológica.
Ningún actor controla por sí solo todos los eslabones.
Las políticas de exportación y las restricciones comerciales pueden preservar ventajas durante un periodo, pero también incentivan la sustitución de proveedores y la creación de capacidades alternativas. La experiencia china en litografía DUV, las tensiones alrededor de los chips H200 y la expansión del empaquetado avanzado muestran que la competencia cambia de forma a medida que se desplazan los cuellos de botella.
La disputa regulatoria y el conflicto Anthropic-Pentágono añaden otra dimensión: el control de la tecnología incluye decidir quién puede utilizarla, bajo qué condiciones y con qué responsabilidad.
En el terreno militar, esas preguntas adquieren consecuencias directas para la seguridad internacional y la protección de lapoblación civil. La evolución del orden internacional dependerá, en parte, de cómo los Estados y las empresas gestionen estas dependencias.
La capacidad de diseñar y fabricar semiconductores, asegurar energía y cómputo, establecer estándares y limitar usos militares será un componente importante del poder económico y estratégico durante los próximos años.
Análisis completo:
0. Un mundo en guerra económica, militar y tecnológica.
2. La geopolítica del silicio.
3. El Sur Global: los que ganan sin disparar.
4. Matriz de poder: ganadores y perdedores en el gran tablero.
5. Efectos de segundo orden: cisnes grises que nadie quiere mirar.