¿Está muriendo el orden mundial que surgió tras la Segunda Guerra Mundial?
Actualización: 10-11-2026
El orden internacional configurado al término de la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis de eficacia que no debe confundirse con su desaparición. Las instituciones creadas en 1945 conservan reconocimiento jurídico y continúan desempeñando funciones relevantes, pero su capacidad para limitar las decisiones de las grandes potencias se ha deteriorado.
Esta contradicción define buena parte de la política internacional contemporánea: las reglas siguen vigentes, aunque su aplicación depende cada vez más de las correlaciones de fuerza y de los intereses de quienes tienen capacidad para hacerlas cumplir o eludirlas.
La arquitectura de posguerra nació de una transacción entre igualdad jurídica y jerarquía estratégica. La Carta de las Naciones Unidas reconoció la igualdad soberana de los Estados y estableció la prohibición del uso de la fuerza, pero reservó a cinco potencias un lugar permanente en el Consejo de Seguridad y la facultad de bloquear decisiones sustantivas. El multilateralismo nunca eliminó la política de poder; procuró establecer mecanismos para administrarla sin comprometer la estabilidad internacional.
La distinción entre el orden jurídico de Naciones Unidas, el funcionamiento de sus instituciones y el proyecto liberal-internacionalista asociado al liderazgo estadounidense resulta indispensable. El debilitamiento de este último no implica necesariamente la desaparición de los otros dos. La crisis actual debe examinarse atendiendo a la capacidad efectiva de las instituciones para modificar la conducta de los Estados.
El Consejo de Seguridad ilustra esa dificultad. La aprobación de la resolución 2728, el 25 de marzo de 2024, que exigió un alto el fuego inmediato en Gaza durante el Ramadán y la liberación de los rehenes, demostró que el órgano conserva capacidad de decisión. Sin embargo, la adopción de resoluciones no garantiza su cumplimiento.
La distancia entre obligación jurídica y ejecución política constituye una de las principales debilidades del sistema. Cuando las decisiones colectivas no ofrecen garantías suficientes, los gobiernos tienen incentivos para fortalecer sus capacidades militares, diversificar alianzas y buscar acuerdos bilaterales. La reforma del Consejo enfrenta una dificultad estructural: cualquier modificación de la Carta requiere la ratificación de los cinco miembros permanentes.
La Organización Mundial del Comercio presenta un deterioro de naturaleza distinta. Su Órgano de Apelación permanece inoperante debido a las vacantes, pero los grupos especiales continúan examinando controversias. El 25 de septiembre de 2026 se estableció uno para analizar determinadas medidas europeas vinculadas con el mecanismo de ajuste en frontera por carbono.
En esa misma reunión, Estados Unidos mantuvo su oposición a iniciar la selección de nuevos integrantes del Órgano de Apelación. Algunos miembros han recurrido al Arreglo Multipartito de Arbitraje de Apelación Provisional para conservar mecanismos de revisión.
La institución no ha quedado vacía. Funciona con capacidades desiguales y soluciones que no alcanzan a restablecer la universalidad del sistema. Para las economías con escaso poder de represalia, esta fragmentación aumenta la vulnerabilidad frente a sus socios comerciales más poderosos.
La gobernanza económica también exige distinguir entre dificultades institucionales y desempeño macroeconómico. En octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento mundial de 3.1% para ese año y de 3.4% para 2027. Estas previsiones no demuestran por sí mismas una pérdida de eficacia del FMI o del Banco Mundial. Su relevancia estratégica reside en la distribución desigual de la resiliencia: mientras determinados países y sectores reciben los beneficios de la inversión asociada con la inteligencia artificial, otras economías enfrentan mayores costos de importación, presiones energéticas y restricciones fiscales.
El crecimiento agregado puede coexistir con una concentración de beneficios y una distribución asimétrica de riesgos. En consecuencia, la autonomía económica depende también de la capacidad para garantizar importaciones esenciales, financiar ajustes y reducir dependencias susceptibles de convertirse en instrumentos de coerción.
La seguridad nuclear ofrece una evidencia más contundente del deterioro. La expiración del tratado New START, el 5 de febrero de 2026, dejó a Estados Unidos y Rusia sin el último acuerdo bilateral vigente que imponía límites verificables a sus arsenales nucleares estratégicos. La pérdida comprende tanto las restricciones cuantitativas como los mecanismos de inspección, notificación e intercambio de información. Sin estos instrumentos aumenta la incertidumbre sobre las capacidades y las intenciones de ambas potencias.
Las decisiones adoptadas para mejorar la seguridad pueden interpretarse como amenazas por la contraparte, alimentando nuevas adquisiciones y medidas de respuesta. La posibilidad de limitar una confrontación nuclear tampoco garantiza el control de sus consecuencias.
La inteligencia artificial militar introduce otra dimensión de esta competencia. Las resoluciones 79/239, de 2024, y 80/58, de 2025, de la Asamblea General de Naciones Unidas, reafirmaron la aplicabilidad del derecho internacional, incluido el internacional humanitario, a los sistemas de inteligencia artificial durante su ciclo de vida.
Sin embargo, reconocer obligaciones jurídicas no resuelve los problemas de supervisión, autorización y atribución de responsabilidades. La velocidad de procesamiento y decisión puede proporcionar ventajas operativas, pero también reducir el tiempo disponible para identificar errores y evitar una escalada. La superioridad tecnológica no equivale necesariamente a mayor estabilidad estratégica.
Estos acontecimientos no describen un retorno simple al sistema de equilibrio de poder del siglo XIX. La competencia entre potencias convive con armas nucleares, interdependencia económica, organizaciones universales y normas jurídicas que todavía condicionan las relaciones internacionales. El resultado es una configuración híbrida: algunas instituciones pierden capacidad de ejecución, otras mantienen funciones mediante mecanismos alternativos y nuevos ámbitos tecnológicos generan disputas sobre la aplicación de reglas existentes.
Para las potencias medias, esta transformación plantea un problema de autonomía. Diversificar relaciones exteriores puede ampliar sus opciones, pero también generar compromisos incompatibles y nuevas dependencias. La capacidad de decisión exige recursos propios, alternativas económicas y participación activa en la defensa de instituciones multilaterales. Sin esas condiciones, la autonomía corre el riesgo de convertirse en una aspiración diplomática sin respaldo material.
La evolución del sistema durante los próximos doce meses deberá evaluarse mediante indicadores verificables: cumplimiento de las decisiones del Consejo de Seguridad, recuperación de mecanismos de control nuclear, funcionamiento de la solución de controversias comerciales, garantías de responsabilidad en sistemas militares de inteligencia artificial y ejecución de los compromisos climáticos. En este último ámbito, el artículo 15 del Acuerdo de París establece un mecanismo de cumplimiento transparente, no contencioso y no punitivo.
La ausencia de sanciones no significa que carezca de estructura jurídica. La evaluación debe considerar los resultados efectivos y no únicamente la existencia formal de compromisos.
La crisis del orden de 1945 no consiste en la desaparición del derecho internacional, sino en la creciente dificultad para convertirlo en una restricción efectiva del poder. La expiración de New START revela una pérdida sustantiva de garantías estratégicas; la continuidad de procedimientos en la OMC demuestra que el deterioro institucional no es uniforme. Esta diferencia impide hablar de un colapso generalizado, pero tampoco permite interpretar la permanencia de las organizaciones como prueba de su eficacia.
Para los Estados que carecen de capacidad para imponer unilateralmente sus intereses, preservar instituciones funcionales constituye una necesidad estratégica. Su debilitamiento incrementa los costos de la asimetría y reduce los instrumentos disponibles para contener la coerción. El orden internacional que emerja dependerá de la relación entre capacidades materiales, decisiones políticas y mecanismos de cooperación capaces de producir resultados. La cuestión decisiva será determinar qué reglas conservan capacidad para condicionar a las potencias y cuáles sobreviven únicamente como declaraciones de principios.
Análisis completo:
0. Un mundo en guerra económica, militar y tecnológica.
1. ¿Fin del orden de 1945?
2. La geopolítica del silicio.
3. El Sur Global: los que ganan sin disparar.
4. Matriz de poder: ganadores y perdedores en el gran tablero.
5. Efectos de segundo orden: cisnes grises que nadie quiere mirar.