Estrategia asimétrica de coerción | Crisis de Ceuta
La crisis de Ceuta revela cómo la dependencia fronteriza convierte la migración y el Sáhara en instrumentos de presión estratégica.
Actualización
Crisis en la frontera
Instrumento de poder
Las imágenes de decenas de miles de personas cruzando desde Marruecos hacia Ceuta durante los últimos días de julio parecían anunciar una crisis migratoria excepcional. Pero reducir lo ocurrido a un episodio de presión sobre los servicios públicos, a un problema de seguridad fronteriza o a una disputa coyuntural entre Madrid y Rabat sería insuficiente.
La crisis de Ceuta expuso algo más profundo: la vulnerabilidad de un Estado que ha delegado una parte esencial del control de su frontera exterior en un tercero cuya cooperación depende de un complejo intercambio político, económico y estratégico.
Ceuta no fue escenario de una guerra convencional. No hubo misiles, bloqueo naval ni enfrentamiento militar directo.
La crisis mostró cómo una frontera puede transformarse en un espacio de coerción estratégica cuando confluyen una dependencia estructural, una elevada sensibilidad política y la posibilidad de mantener una negación plausible sobre la responsabilidad directa.
La pregunta central, por tanto, no es únicamente cuántas personas cruzaron hacia Ceuta ni quién difundió los mensajes que las movilizaron. La cuestión decisiva es otra:
¿Puede un Estado conservar una política exterior autónoma cuando la estabilidad de su frontera depende de la voluntad de otro Estado?
Crisis de dimensión extraordinaria
A finales de julio de 2026, más de 70,000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta sin autorización, según la revisión posterior de estimaciones iniciales. Las primeras cifras españolas hablaban de unos 50,000 migrantes, pero posteriormente se manejaron cerca de 72,000.
La magnitud del episodio no tenía precedente reciente. Antes del 30 de julio, alrededor de 3,000 personas habían entrado irregularmente en Ceuta y Melilla durante 2026. En 2021, aproximadamente 6,000 personas cruzaron hacia Ceuta durante una crisis diplomática entre España y Marruecos. La comparación permite dimensionar la ruptura operativa producida en 2026.
El número de fallecidos tampoco quedó fijado desde el primer momento. Las primeras informaciones hablaron de al menos 57 muertos; posteriormente, el presidente de Ceuta elevó la cifra a un centenar, mientras que organizaciones humanitarias manejaron estimaciones superiores. La prensa internacional utilizó cifras diferentes, desde 90 hasta más de 140 fallecidos.
La divergencia no es un detalle menor. Forma parte de la propia naturaleza de la crisis: una movilización masiva, desarrollada en un entorno de enorme presión mediática, con información fragmentaria, cifras cambiantes y responsabilidades disputadas. La House of Commons Library británica resumió el episodio señalando que la mayoría de quienes cruzaron fueron posteriormente devueltos o regresaron a Marruecos, aunque persistieron importantes discrepancias sobre el número de personas que permanecían en Ceuta y sobre el carácter voluntario de esos retornos.
La crisis fue un escenario de emergencia humanitaria y seguridad fronteriza, una disputa política entre España y Marruecos que puso a prueba para la cooperación europea y un episodio de guerra informativa.
El detonante inmediato
Derecho, frontera y oportunidad
La explicación de la crisis no puede reducirse a una sola causa. La movilización coincidió con varios acontecimientos que alteraron los cálculos de los actores implicados.
Uno de ellos fue la sentencia del Tribunal Supremo español de 8 de julio sobre las devoluciones inmediatas de personas que alcanzan Ceuta y Melilla por vía marítima. El tribunal estableció que la devolución no podía aplicarse automáticamente a quienes llegaron nadando, salvo que existiera una forma de contención marítima que modificara jurídicamente la consideración del punto de entrada.
El fallo obligó al Gobierno español a revisar sus mecanismos operativos. El 1 de agosto comenzó la instalación de una barrera flotante de aproximadamente 500 metros frente a la costa de Ceuta, junto con el despliegue de fuerzas policiales, militares, drones, embarcaciones y medios de vigilancia.
La sentencia no explica por sí sola la movilización, pero sí pudo alterar la percepción de los traficantes y de quienes pretendían cruzar. Una interpretación extendida de la decisión judicial pudo alimentar la idea de que llegar a Ceuta por mar dificultaría las devoluciones inmediatas.
A ello se añadieron campañas virales en redes sociales. Los gobiernos español y marroquí atribuyeron parte de la movilización a mensajes difundidos por traficantes y redes de desinformación. La información disponible no permite afirmar que el Gobierno marroquí organizara directamente la entrada masiva.
El New York Times señaló que no existían pruebas de que un Estado hubiera diseñado la operación y que la especulación sobre una intervención marroquí, estadounidense o israelí se había expandido precisamente por la complejidad histórica y geopolítica de la región.
Esta distinción es esencial. Una cosa es demostrar una orden directa de apertura de la frontera. Otra, diferente, es analizar cómo la ausencia, relajación o insuficiencia de los controles puede producir efectos políticos previsibles y ser posteriormente utilizada como instrumento de presión.
De la acción directa a la coerción por omisión
La coerción asimétrica no exige necesariamente una acción explícita. En determinados contextos, basta con no impedir un acontecimiento que el actor dominante tiene capacidad para contener.
Marruecos no necesita reconocer que abrió la frontera para demostrar que posee una influencia decisiva sobre la dinámica fronteriza. Su ventaja estratégica reside precisamente en la ambigüedad:
- Puede negar una intervención directa.
- Puede atribuir la crisis a causas socioeconómicas.
- Puede responsabilizar a los traficantes.
- Puede afirmar que se trata de un fenómeno espontáneo.
- Y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de reforzar o relajar los controles.
Esta combinación produce una forma de coerción por omisión. El Estado afectado debe reaccionar ante los efectos visibles de la crisis, pero tiene dificultades para atribuir formalmente una conducta al Estado del que depende para evitarla.
La fórmula puede expresarse así:
La coerción asimétrica consiste en convertir una vulnerabilidad estructural del adversario en una fuente de costes políticos, manteniendo el coste propio bajo y la responsabilidad difícil de demostrar.
España soporta los costes inmediatos mediante saturación de los servicios de acogida, despliegue de fuerzas de seguridad, tensión política interna, presión sobre el Gobierno, deterioro de la imagen de control territorial y riesgo de fractura de la solidaridad europea.
Marruecos, en cambio, puede presentar la crisis como el resultado de factores sociales, económicos o criminales ajenos a una decisión oficial. La incertidumbre no debilita necesariamente la coerción. En ocasiones, la hace más eficaz.
La dependencia española
Durante las últimas dos décadas, la Unión Europea ha difundido una parte considerable de su política migratoria. El modelo se basa en acuerdos con terceros países para contener los flujos antes de que alcancen las fronteras europeas.
En el caso español, Marruecos ocupa una posición central. La relación bilateral incluye cooperación migratoria, intercambio de inteligencia, lucha contra el terrorismo, comercio, energía, seguridad marítima, control de las rutas hacia Canarias y coordinación sobre el Sahel y el Mediterráneo occidental.
Esta interdependencia no es necesariamente negativa. El problema aparece cuando la cooperación se convierte en una dependencia sin mecanismos suficientes de autonomía.
España puede reforzar la valla, desplegar unidades militares o instalar una barrera marítima. Pero ninguna de esas medidas sustituye la capacidad de controlar el territorio situado al otro lado de la frontera. La respuesta española puede detener personas; no puede, por sí sola, impedir que el entorno inmediato sea utilizado para concentrarlas, movilizarlas o dirigirlas hacia un punto de presión.
La valla disuade al individuo. No disuade necesariamente al Estado que controla el espacio desde el que se origina la presión. Por eso la respuesta española fue fundamentalmente táctica: refuerzo policial y militar, barrera flotante, retornos y negociación. La cuestión estratégica —la dependencia de un tercero para preservar la estabilidad fronteriza— permanece intacta.
Ceuta no “rompió” Schengen, expuso sus límites
Una de las afirmaciones que debe considerarse es que la crisis provocó la ruptura del espacio Schengen.
Ceuta forma parte de España y de la Unión Europea, pero no pertenece técnicamente al espacio Schengen sin controles fronterizos internos ni al territorio aduanero comunitario. Por ello, la llegada de migrantes a Ceuta no implicaba automáticamente su libre circulación hacia la España continental o hacia otros Estados miembros.
La House of Commons Library señaló que no se registró movimiento no autorizado hacia la España continental ni hacia otros países de la Unión Europea. Sin embargo, la crisis sí generó un fuerte impacto político europeo.
Italia suspendió temporalmente sus disposiciones de cooperación Schengen con España y estableció controles; España respondió posteriormente con medidas similares. Otros gobiernos europeos amenazaron con reforzar sus fronteras o reclamaron una respuesta comunitaria más dura.
La diferencia conceptual es importante:
Ceuta no produjo una ruptura jurídica de Schengen, pero reveló la fragilidad política de la solidaridad europea cuando un Estado miembro afronta una presión fronteriza extraordinaria.
La crisis mostró que la Unión Europea puede tener normas comunes y, al mismo tiempo, respuestas nacionales divergentes. También demostró que la externalización de fronteras genera una paradoja: Europa intenta impedir la llegada de los flujos migratorios delegando esa tarea en terceros países, pero al hacerlo aumenta la capacidad de esos mismos países para ejercer presión sobre Europa.
El Sáhara Occidental
Cuestión que no puede desaparecer
El trasfondo saharaui es indispensable para comprender la relación entre España y Marruecos. Pero debe ser abordado con cuidado. El Sáhara Occidental no puede presentarse únicamente como una concesión que Rabat exige a Madrid a cambio de cooperación fronteriza.
El territorio sigue vinculado al marco internacional de la descolonización. El debate no consiste simplemente en determinar qué fórmula política resulta más conveniente para España, Marruecos o la Unión Europea.
La cuestión fundamental es el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.
La normalización económica no resuelve el problema jurídico. Empresas, carreteras, inversiones, acuerdos pesqueros o proyectos de infraestructura pueden modificar la realidad material del territorio, pero no alteran por sí mismos su estatuto internacional ni sustituyen el consentimiento de la población afectada.
Tampoco la relación bilateral entre España y Marruecos puede absorber por completo una cuestión que posee una dimensión internacional. El Sáhara Occidental no debe convertirse en una nota al pie de los acuerdos de seguridad ni en una moneda de cambio dentro de la negociación migratoria.
Human Rights Watch ha advertido que el nuevo marco político respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no garantiza de manera suficiente el derecho saharaui a la autodeterminación. Según su análisis, la propuesta marroquí de autonomía no contempla la independencia como opción, no define claramente quiénes poseen el derecho a decidir y no aborda plenamente cuestiones como las reparaciones o el derecho de retorno de las personas desplazadas.
La implicación estratégica es considerable. Si la presión migratoria logra transformar una obligación jurídica internacional en una concesión bilateral, el precedente no afectaría solamente al Sáhara. También debilitaría la idea de que los hechos consumados tienen límites jurídicos.
Medio siglo de hechos consumados no puede convertirse en un mecanismo de prescripción contra el derecho de un pueblo a decidir su futuro.
La posición española puede cambiar. Los gobiernos pueden modificar sus alianzas, sus declaraciones o prioridades diplomáticas. Pero una variación política no equivale automáticamente a una modificación del estatuto jurídico del territorio.
La trampa de los hechos consumados
Marruecos ha entendido que la consolidación material produce una forma de normalización política. Cuando las inversiones, las rutas comerciales y las infraestructuras se multiplican, la cuestión jurídica tiende a ser presentada como un obstáculo abstracto frente a una realidad económica aparentemente irreversible.
Ese razonamiento contiene una trampa. La integración económica puede crear dependencia. La dependencia puede limitar la capacidad de presión. Y la limitación de la presión puede ser interpretada como aceptación política.
El proceso no requiere una declaración formal de soberanía. Basta con que los actores externos actúen progresivamente como si la cuestión ya estuviera resuelta.
Por eso el Sáhara Occidental no debe desaparecer del análisis cuando se discuten Ceuta, la pesca, las inversiones o la cooperación hispano-marroquí. Precisamente porque la presión fronteriza puede inducir a separar artificialmente ambos asuntos, es necesario observar la relación entre ellos sin reducir uno al otro.
La crisis de Ceuta no demuestra que cada episodio migratorio sea una operación marroquí. Sí demuestra que la estructura de dependencia concede a Rabat una capacidad de influencia que España no puede ignorar.
Una nueva arquitectura de seguridad
La lección estratégica para España y la Unión Europea no consiste en militarizar indefinidamente las fronteras ni en abandonar toda cooperación con Marruecos. Consiste en reducir la vulnerabilidad que convierte esa cooperación en una condición indispensable para la estabilidad.
Esto exige varias líneas de acción:
- Recuperar capacidad autónoma. España y la Unión Europea deben reforzar sus propios sistemas de vigilancia, inteligencia, recepción y gestión fronteriza. La cooperación exterior debe complementar la capacidad europea, no sustituirla.
- Separar cooperación y concesiones jurídicas. La cooperación migratoria no debería utilizarse para modificar indirectamente posiciones sobre el estatuto del Sáhara Occidental. Las obligaciones internacionales no pueden quedar subordinadas a la estabilidad coyuntural de una frontera.
- Mejorar la atribución. La Unión Europea necesita mecanismos independientes de investigación y verificación para determinar si una crisis migratoria fue espontánea, criminalmente organizada, facilitada por autoridades locales o instrumentalizada por un Estado. Sin atribución fiable, cualquier respuesta oscila entre la acusación política y la pasividad.
- Proteger la dimensión humanitaria. La población migrante no puede ser tratada como munición estratégica. La descripción de las personas como “el arma” de un Estado puede ser una metáfora útil para explicar la instrumentalización, pero nunca debe borrar su condición de seres humanos sometidos a redes de tráfico, desinformación, pobreza, violencia y decisiones políticas ajenas.
- Mantener el marco jurídico del Sáhara. La UE y sus Estados miembros deben distinguir entre cooperación económica y reconocimiento jurídico. La actividad empresarial en el territorio o sus aguas debe respetar el consentimiento del pueblo saharaui y la jurisprudencia internacional aplicable.
El prototipo de las guerras de baja intensidad
Ceuta anticipa un tipo de conflicto en el que las fronteras no son solamente líneas de separación, sino sistemas de presión. En esos escenarios, el actor más eficaz no es necesariamente quien tiene más armas, sino quien controla una dependencia crítica.
Puede tratarse de migración, energía, cables submarinos, puertos, materias primas, rutas comerciales, datos o acceso a mercados.
El patrón es similar: se identifica una vulnerabilidad, se incrementa el coste político del adversario y se mantiene la posibilidad de negar la intencionalidad.
La crisis de Ceuta no permite concluir que Marruecos haya ejecutado de forma demostrada una operación deliberada de coerción migratoria. Pero sí permite afirmar que la relación hispano-marroquí contiene una asimetría estructural: Rabat posee una capacidad de presión sobre la frontera que Madrid no puede reproducir sobre el territorio marroquí.
La respuesta europea no puede consistir únicamente en pagar para que otros actúen como policías de sus fronteras. Esa estrategia ofrece estabilidad mientras el tercero considera que la cooperación le resulta útil. Cuando el equilibrio cambia, la frontera se convierte en una factura política.
Ceuta no es simplemente el lugar donde una crisis migratoria alcanzó una dimensión extraordinaria. Es el lugar donde Europa pudo observar, de forma concentrada, el precio de haber entregado su seguridad. Y también es el lugar donde se vuelve evidente una segunda advertencia: ninguna dependencia estratégica debería utilizarse para convertir el derecho internacional en una concesión negociable.
La frontera puede ser controlada por la fuerza durante un día.
La soberanía política, en cambio, solo se conserva cuando un Estado no permite que sus dependencias decidan por él.
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