Tecnología, finanzas y nuevo orden mundial.
Santiago I. Battiti
Estados Unidos, China y Rusia. Grandes corporaciones tecnológicas, concentración empresarial, gobernanza global y Foro Económico Mundial. Nuevo Orden Mundial; digitalización, euro digital e inteligencia artificial.
En este contexto debe examinarse el comportamiento de las grandes potencias. Estados Unidos, China y Rusia poseen intereses estratégicos diferentes respecto de la seguridad energética europea. Washington mantiene una relación decisiva con la arquitectura de defensa euroatlántica y con los mercados internacionales de hidrocarburos, tecnología y armamento. Pekín ocupa una posición central en numerosas cadenas de suministro industriales y tecnológicas, mientras Moscú conserva intereses geopolíticos vinculados con la energía, la seguridad regional y el equilibrio estratégico europeo.
Ninguna de estas circunstancias permite atribuir automáticamente responsabilidad por incidentes concretos. Sí permite comprender que las dependencias comerciales, tecnológicas y energéticas no son relaciones neutrales cuando se desarrollan en un sistema internacional caracterizado por rivalidades entre potencias.
La concentración empresarial añade otra dimensión al problema. Grandes compañías tecnológicas, fabricantes de equipos eléctricos, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de nube y conglomerados de defensa administran capacidades cuya importancia supera ampliamente la de una actividad comercial ordinaria.
Palantir, en particular, ha desarrollado plataformas de integración y análisis de datos utilizadas por organismos públicos y clientes institucionales. Su relevancia permite plantear una discusión sobre concentración informacional, contratación estatal, soberanía tecnológica y dependencia de proveedores privados. No constituye, sin embargo, evidencia de que la empresa participe en un proyecto para provocar o administrar un apagón europeo.
La cuestión jurídica merece una consideración específica. Cuando infraestructuras privadas cumplen funciones esenciales para la sociedad, el Estado no puede limitarse a confiar en la voluntad comercial de sus propietarios. Debe establecer obligaciones de prevención, notificación, continuidad operativa, auditoría y cooperación durante emergencias.
La Directiva europea sobre resiliencia de entidades críticas, aprobada en 2022, y la normativa comunitaria sobre ciberseguridad buscan precisamente fortalecer esas obligaciones. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre seguridad colectiva, protección de datos, libertad económica, control democrático y prevención de abusos administrativos. Una emergencia puede justificar facultades extraordinarias, pero no elimina la necesidad de proporcionalidad, fundamento legal, supervisión institucional y límites temporales.
El poder político se manifiesta también en la administración de la información. Durante una crisis de esta naturaleza, el Estado necesita comunicar instrucciones fiables, impedir la propagación de falsedades peligrosas y conservar canales de contacto con la población.
El dispositivo radiofónico de la BBC revela la importancia de una tecnología que muchos consideraban superada frente a internet y las plataformas digitales. La radio FM no requiere que cada ciudadano disponga de una conexión de banda ancha, ni depende de la disponibilidad permanente de servidores comerciales. Su capacidad de difusión unidireccional constituye una ventaja cuando las redes bidireccionales están saturadas o interrumpidas.
La permanencia de medios aparentemente antiguos demuestra que la modernización estratégica no consiste en reemplazar absolutamente todo, sino en conservar alternativas que funcionen cuando las tecnologías predominantes fracasan.
La información pública británica sobre preparación doméstica introduce una cuestión complementaria. El 22 de octubre de 2026, el Gobierno puso en marcha la campaña "Be Ready", destinada a promover reservas domésticas para afrontar distintas emergencias.
La recomendación contempla alimentos no perecederos, agua, medicamentos, linternas, dinero en efectivo y radios autónomas para un período aproximado de tres días. La iniciativa no se presenta oficialmente como advertencia de un apagón inminente, sino como una política general de preparación frente a tormentas, inundaciones, interrupciones eléctricas y ciberataques.
Sin embargo, su coincidencia temporal con la difusión del plan radiofónico de la BBC merece ser examinada:
Ambas medidas reflejan una misma preocupación institucional, la posibilidad de que los ciudadanos deban atravesar un período durante el cual los servicios ordinarios no puedan garantizarse con normalidad.
Aquí aparece una de las cuestiones más importantes de la transformación política europea: la preparación de la sociedad para situaciones de excepción.
Cuando las autoridades solicitan reservas domésticas, elaboran protocolos sanitarios, ensayan comunicaciones alternativas y coordinan instituciones civiles con organismos militares, están desarrollando una cultura de resiliencia. Esa cultura puede resultar indispensable para proteger a la población, pero también plantea interrogantes sobre los límites de la administración preventiva.
¿Hasta dónde puede extenderse la capacidad estatal de organizar comportamientos individuales en nombre de la seguridad colectiva?
¿Qué controles deben existir cuando una emergencia permite ampliar facultades ejecutivas?
¿Cómo se garantiza que las medidas extraordinarias no se conviertan en instrumentos permanentes de vigilancia o concentración administrativa?
Estas preguntas adquieren especial importancia cuando se observa la evolución del pensamiento estratégico internacional.
El Foro Económico Mundial, las instituciones financieras multilaterales, los organismos de seguridad y los principales centros de investigación han incorporado a sus agendas conceptos como resiliencia, riesgos sistémicos, transformación digital, seguridad de las cadenas de suministro y cooperación público-privada.
No se trata de una coincidencia inexplicable:
La globalización ha creado estructuras económicas tan interdependientes que una perturbación localizada puede propagarse a escala internacional.
La crisis sanitaria de 2020, las alteraciones logísticas posteriores, la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales entre grandes potencias hicieron visible una vulnerabilidad que hasta entonces había permanecido parcialmente oculta.
El Foro Económico Mundial, bajo la influencia intelectual de sus dirigentes y de los participantes que reúne anualmente, ha promovido debates sobre gobernanza global, transformación tecnológica y riesgos de alcance planetario. Su importancia radica en que constituye un espacio de encuentro entre dirigentes políticos, empresarios, inversores, académicos y representantes de organizaciones internacionales. Allí se discuten modelos de cooperación y se articulan diagnósticos sobre problemas que ningún Estado puede resolver aisladamente.
Sin embargo, la participación en Davos no constituye una prueba de pertenencia a un gobierno mundial ni demuestra la existencia de una autoridad secreta capaz de determinar acontecimientos energéticos. La influencia económica, la capacidad de establecer agendas y la coordinación entre grandes actores son fenómenos reales que merecen escrutinio democrático; atribuirles poderes no demostrados debilitaría precisamente el análisis que se pretende realizar.
Sus trayectorias y redes de influencia pueden estudiarse mediante inversiones, fundaciones, actividades empresariales, documentos institucionales y declaraciones públicas. No resulta legítimo, en cambio, convertir sus apellidos en una explicación universal de acontecimientos complejos ni atribuirles una coordinación clandestina sin pruebas verificables.
El poder contemporáneo no requiere una explicación mitológica para ser comprendido:
Se manifiesta en la propiedad de activos estratégicos, la capacidad de financiar proyectos, la influencia sobre decisiones regulatorias, el acceso privilegiado a autoridades y el control de tecnologías indispensables.
Investigar esos mecanismos concretos permite comprender mucho más que una enumeración de supuestos responsables.
La discusión sobre un posible Nuevo Orden Mundial debe situarse en ese terreno. La expresión ha sido utilizada con significados diferentes a lo largo de la historia, desde proyectos diplomáticos de reorganización internacional hasta críticas dirigidas contra la concentración del poder financiero y tecnológico. Su utilización contemporánea suele reunir preocupaciones legítimas acerca de soberanía, gobernanza supranacional, vigilancia digital, concentración empresarial y pérdida de autonomía nacional. El problema comienza cuando todos esos fenómenos se presentan como manifestaciones de un único proyecto perfectamente coordinado, sin demostrar sus vínculos causales.
El orden internacional está experimentando transformaciones profundas, pero sus protagonistas mantienen intereses divergentes, compiten por recursos y protagonizan conflictos que impiden describirlos como una unidad homogénea.
La digitalización de la economía constituye uno de los elementos más relevantes de esa transformación. Identidad digital, sistemas de pago electrónicos, inteligencia artificial, plataformas de administración pública y servicios de almacenamiento remoto modifican las relaciones entre individuos, empresas y Estados. Su desarrollo puede facilitar servicios, reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta institucional; simultáneamente, introduce riesgos vinculados con privacidad, dependencia tecnológica, concentración de datos y exclusión de quienes no disponen de medios digitales.
Un apagón general pondría en evidencia una contradicción fundamental:
Cuanto más se digitalizan las relaciones económicas y administrativas, más importante resulta conservar mecanismos alternativos que permitan ejercer derechos y satisfacer necesidades cuando la infraestructura tecnológica deja de estar disponible.
La moneda digital de banco central constituye un ejemplo pertinente, aunque debe evitarse presentarla como una consecuencia necesaria de un apagón. El Banco Central Europeo ha desarrollado el proyecto del euro digital con el propósito declarado de ofrecer una forma electrónica de dinero público complementaria del efectivo. La discusión estratégica no consiste en afirmar que esa iniciativa nació para controlar a la población durante una catástrofe, sino en examinar qué garantías de privacidad, disponibilidad, autonomía de pago y continuidad operativa deberían exigirse a cualquier sistema monetario digital.
Una arquitectura financiera que carezca de alternativas durante interrupciones tecnológicas podría aumentar la vulnerabilidad de los ciudadanos. Por eso, preservar el efectivo y disponer de procedimientos de contingencia no representa una nostalgia económica, sino una decisión prudente de seguridad.
La inteligencia artificial añade una variable que merece atención. Los sistemas de análisis predictivo pueden contribuir a detectar anomalías en redes eléctricas, anticipar fallos, optimizar distribución y coordinar recursos de emergencia. También pueden concentrar información sensible y generar dependencia respecto de proveedores privados. La utilización de plataformas avanzadas en defensa, administración pública y seguridad exige transparencia sobre responsabilidades, protección de datos, supervisión humana y control jurídico.
La cuestión no es rechazar la innovación, sino impedir que la eficiencia tecnológica se transforme en una justificación para transferir decisiones fundamentales a sistemas cuya lógica resulte inaccesible para los ciudadanos y sus representantes.
Análisis completo:
0. Cielo negro: Europa ante un apagón general.
1. La vulnerabilidad estratégica de Europa.
2. El colapso de los sistemas.
3. El poder detrás de la infraestructura.
4. La soberanía en tiempos de oscuridad.