Presión selectiva y coerción diplomática
El lenguaje del Congreso estadounidense sobre Ceuta y Melilla, y la lógica estratégica de Washington.
Mente Colectiva
A finales de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos hacia Ceuta. España recuperó el control de la frontera en cuestión de horas y la inmensa mayoría regresó. El episodio reabrió de golpe un debate que llevaba meses latente en Washington: el estatus de Ceuta y Melilla.
Coincidiendo con la crisis, reapareció en los medios el lenguaje de un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El documento, asociado al proyecto de presupuestos de Seguridad Nacional y Departamento de Estado para 2027 (H.R. 8595), afirma que las ciudades “administradas por España” de Ceuta y Melilla “están situadas en territorio marroquí” y “siguen siendo objeto de la reivindicación de larga data de Marruecos”. Y añade que el Comité respalda los esfuerzos del secretario de Estado para fomentar un diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre su “futuro estatus”.
No es una ley. Tampoco es una decisión del Ejecutivo estadounidense. No modifica la posición oficial de Washington, que sigue tratando ambas ciudades como españolas. Pero es la primera vez que un comité del Congreso formula por escrito esa descripción. El contexto en el que aparece no es inocente.
La fricción bilateral como detonante
El punto de inflexión más claro se produjo meses antes. El Gobierno español negó el uso de las bases de Rota y Morón —y del espacio aéreo soberano— para las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Madrid argumentó que esas operaciones quedaban fuera del marco del acuerdo bilateral de defensa y de la Carta de Naciones Unidas. Pedro Sánchez lo reiteró en sede parlamentaria, en tanto que José Manuel Albares lo defendió como una cuestión de principios y de legalidad internacional.
La reacción en sectores republicanos de Washington fue dura. Donald Trump criticó abiertamente a España. Algunas voces hablaron de posibles represalias comerciales o de revisión de la presencia militar. En la práctica, el convenio de cooperación para la defensa se renovó de forma automática. Las inversiones estadounidenses en Rota continúan y está prevista la llegada de un sexto destructor. La relación no se ha roto, pero sí se ha tensado; y en ese clima de fricción, el lenguaje del informe del Comité de Asignaciones adquirió un significado político que no habría tenido en otra coyuntura.
El principal responsable del marco del informe es el congresista Mario Díaz-Balart, republicano de Florida, vicepresidente del Comité de Asignaciones y figura cercana a Marco Rubio. Díaz-Balart ya había declarado públicamente que Ceuta y Melilla “no están en el territorio geográfico de España sino en el de Marruecos” y que estas cuestiones “se discuten entre amigos y aliados”. El informe traduce esa visión en texto oficial de un comité. No es vinculante, pero orienta prioridades y envía señales.
Presión selectiva
La incertidumbre como herramienta
Aquí reside el núcleo de lo que puede llamarse presión selectiva. Washington no necesita modificar oficialmente su política exterior ni reconocer la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla. Le basta con introducir una dosis controlada de incertidumbre en el lenguaje con el que describe esas ciudades. Esa incertidumbre tiene valor diplomático por sí misma: eleva el coste político para España, obliga a Madrid a gastar capital diplomático en reafirmar lo que hasta hace poco se daba por sentado y envía un mensaje claro tanto a Rabat como a los aliados europeos.
No se trata de una cesión territorial. Se trata de una herramienta de presión que opera al margen, sin alterar el statu quo jurídico pero sí el equilibrio de costes y beneficios de la relación bilateral.
En términos estratégicos
este tipo de lenguaje parlamentario puede entenderse como un instrumento de coerción diplomática de baja intensidad: no altera el statu quo jurídico, pero incrementa la presión política sobre el aliado... Una forma de coerción en la taxonomía geopolítica.
Es una forma de recordar que la lealtad y el acceso a capacidades militares compartidas no son automáticos cuando un socio se muestra “incómodo” en asuntos que Washington considera prioritarios.
La lógica estratégica
Marruecos como socio preferente
Paralelamente, Washington ha acelerado el refuerzo de su relación de defensa con Marruecos. La hoja de ruta de cooperación 2026-2036 y las disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional contemplan opciones para establecer “ubicaciones de seguridad cooperativa” (cooperative security locations) en territorio marroquí, renovación de antiguas pistas aéreas, profundización de la cooperación antiterrorista, desarrollo de capacidades de drones y ciberseguridad, y ampliación de ejercicios conjuntos. No se trata de bases permanentes al estilo clásico, sino de una arquitectura de presencia ligera y acceso rápido pensada para la proyección hacia el Sahel y el control de nodos logísticos en el Mediterráneo occidental.
La lógica es comprensible desde la perspectiva estadounidense. Tras la pérdida de influencia occidental en varios países del Sahel, Marruecos aparece como un socio estable, Major Non-NATO Ally desde 2004, con control sobre la orilla sur del Estrecho de Gibraltar y con una disposición demostrada a alinearse con prioridades de Washington —incluido el reconocimiento de Israel y la cooperación en el Sáhara Occidental—. El Estrecho sigue siendo uno de los corredores marítimos más transitados del planeta. Tener un ancla fiable en su flanco sur tiene valor estratégico, independientemente de lo que ocurra con las bases españolas.
Nada de esto implica automáticamente que Estados Unidos pretenda sustituir Rota por una gran base en Marruecos ni que haya decidido transferir la soberanía de Ceuta y Melilla. Sí implica que Washington está diversificando sus opciones y que, en un momento de tensión con Madrid, no tiene especial interés en reforzar la posición española sobre las ciudades autónomas.
Vulnerabilidades estructurales españolas
Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas. No figuran en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. La Unión Europea las trata como frontera exterior del espacio Schengen, con un régimen especial de controles hacia la península que existe desde la adhesión española. Su estatus jurídico interno y europeo es claro. Su cobertura bajo el artículo 5 del Tratado de Washington es más limitada: el texto del tratado excluye expresamente el territorio continental africano del ámbito de la defensa colectiva automática.
Esta laguna geográfica no es nueva, pero cobra relevancia cuando el principal aliado extracomunitario de España introduce un lenguaje que relativiza la soberanía y cuando el mismo aliado estrecha lazos con el país que reivindica las ciudades. A ello se suma un instrumento que Marruecos ha utilizado en el pasado: la presión migratoria. La crisis de julio de 2026 no es la primera. La diferencia es el contexto internacional en el que se produce.
Italia respondió reintroduciendo controles temporales en los enlaces aéreos y marítimos con España, dirigidos principalmente a nacionales de terceros países. Algunos gobiernos europeos pidieron medidas más contundentes, incluida la posibilidad de suspender temporalmente la cooperación Schengen con España. La Comisión Europea y otros socios —entre ellos Francia— rechazaron la idea de expulsión.
El episodio dejó en evidencia que la solidaridad europea en materia de fronteras exteriores tiene límites políticos cuando la crisis se percibe como descontrol.
Lo que no se sostiene
Es importante separar lo documentado de lo especulativo. No existe evidencia pública de que Estados Unidos haya decidido “devolver” Ceuta y Melilla a Marruecos como parte de un plan para controlar el Estrecho, retirar tropas de Europa, dominar yacimientos energéticos africanos o impedir la proyección rusa y china. No hay indicios de que los líderes europeos estén de acuerdo en convertir a España en un eslabón débil para facilitar ese supuesto diseño. Las bases de Rota y Morón siguen operativas y se refuerzan. El informe del Comité de Asignaciones es lenguaje orientativo, no política oficial del Ejecutivo.
Convertir estos elementos en una narrativa de cesión inminente y de Europa como colonia estadounidense es un salto que debilita el análisis. Lo que sí existe es una combinación de fricción bilateral, reordenamiento de alianzas y explotación de vulnerabilidades reales. Eso basta para preocupar. No hace falta exagerarlo.
Conclusión
Lo que está ocurriendo es más sutil y, por tanto, más exigente de respuesta política. Washington ha introducido un lenguaje parlamentario que relativiza la soberanía española sobre Ceuta y Melilla en un momento de tensión con Madrid. Al mismo tiempo, profundiza su asociación militar con Rabat y diversifica sus opciones logísticas en el Mediterráneo occidental y el Sahel. España mantiene el control efectivo de las ciudades y la renovación de sus acuerdos de defensa con Estados Unidos, pero opera en un entorno diplomático más adverso.
La defensa de la integridad territorial no se resuelve solo con declaraciones de principios. Requiere también una gestión realista de la relación bilateral con Washington y una capacidad de anticipar cómo se reconfiguran las alianzas cuando un socio resulta “incómodo”. El rigor geopolítico consiste precisamente en medir con precisión el poder, los intereses y los límites de cada actor, sin negar la fricción ni convertirla en conspiración.
Las grandes potencias rara vez necesitan modificar las fronteras para alterar el equilibrio de poder. En ocasiones les basta con modificar el lenguaje con el que esas fronteras son descritas.